Cuando la Fiscalía de Guanajuato multiplica el dolor con omisiones y revictimización

Cuatro años y siete días. Ese fue el lapso que transcurrió sin que hubiera avances en la investigación del asesinato de una persona, cuya madre ha señalado que, en ese suceso, se presume la participación de agentes federales. Este es uno de los 29 expedientes de recomendación que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) ha emitido en 2026 en contra de la Fiscalía General del Estado por dilaciones y omisiones en investigaciones por diferentes delitos, principalmente el de homicidio doloso.

De acuerdo con el testimonio, documentado en el expediente de recomendación 2062/2024, el homicidio doloso fue registrado el 17 de abril de 2019. En el documento señalan a personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía Regional B. En su queja refiere que integraron deficientemente la carpeta sin hacer hincapié en la posible participación de un elemento federal. Aunque los funcionarios de la FGE declararon que las investigaciones fueron realizadas de forma adecuada, la PRODHEG acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima indirecta, a quien reconocieron como tal hasta 2023. La carpeta quedó en reserva el 17 de julio de 2019 y no hubo ninguna actuación hasta el 24 de julio de 2023.

Esto no es un simple despiste de escritorio. Hay otros casos, como lo documenta el expediente 0270/2024, donde se acreditó una dilación injustificada de más de dos años y nueve meses. O bien, carpetas laberínticas como la del expediente 0429/2024, donde el expediente del homicidio de un joven se estancó de tal forma que hasta cuatro agentes ministeriales diferentes se fueron pasando la estafeta de la inacción una y otra vez, fragmentando la investigación en cuatro largos periodos consecutivos de abandono absoluto.

La revictimización en ventanilla

La paradoja. También hay casos en donde las unidades especializadas que debían ser refugio y no castigo terminan revictimizando a quienes buscan la protección del Estado. En la Unidad de Atención Integral a las Mujeres (UNAIM) de León, una mujer que tuvo el valor de denunciar una agresión sexual presentó una queja ante la PRODHEG porque el personal ministerial le dijo en varias ocasiones que ella había «consentido» el delito. La PRODHEG no encontró prueba de ese dicho, pero sí acreditó periodos de inactividad, que las videograbaciones se pidieron casi un año después y que, aunque el probable responsable estaba identificado, la carpeta seguía sin conclusión. Así quedó registrado en la resolución de recomendación 0021/2023.

Por otro lado, en el testimonio recabado en el expediente 0046/2023, una mujer acudió a denunciar las agresiones que sufría en su propio hogar. El 25 de enero de 2022 la agredieron de nuevo, en su trabajo, y cinco días después pidió a la Fiscalía los videos de las cámaras de negocios y del C4. El Ministerio Público los solicitó hasta finales de septiembre de 2022, cuando ya se habían borrado. La prueba se perdió y la víctima quedó en la indefensión.

Estos son solo algunos ejemplos de las omisiones y dilaciones en investigaciones, así como la revictimización emanada de los escritorios de la Fiscalía General de Guanajuato. Esto sin incluir los casos de tortura y agresiones en manos de agentes de investigación criminal que también han sido documentados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y que te dimos a conocer en este espacio.