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El corredor de la extorsión: siete municipios de Guanajuato y Querétaro reúnen 4 de cada 10 víctimas del Bajío-Occidente
Celaya tiene la tasa más alta entre los 10 municipios de interés del Bajío-Occidente, con 26.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, y León casi no registra casos. México Evalúa propone responder por corredor y no ciudad por ciudad.
El corredor integrado por los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Querétaro y San Juan del Río reúne 4 de cada 10 víctimas de extorsión registradas en la región Bajío-Occidente del país, revela un estudio del centro de análisis México Evalúa.
De acuerdo con el documento, “Comportamiento de la extorsión por regiones económicas 2015-2026”, esta región, formada por los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, concentra el 26.2% de las víctimas de extorsión registradas en el país, la más vulnerable detrás de la Centro Metropolitano.

El estudio de México Evalúa, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, censos económicos y datos del INEGI, subraya que en Guanajuato la extorsión no opera de manera aislada por fronteras municipales, sino que aprovecha la infraestructura carretera.
“El corredor León–Silao–Irapuato–Salamanca–Celaya–Querétaro (capital)–San Juan del Río reúne 40% de las víctimas de la región. Dentro de él, Irapuato, Salamanca y Celaya tienen las intensidades más altas, mientras que León, el municipio más poblado, casi no registra casos.
El patrón muestra un delito que se mueve a lo largo de un corredor productivo que cruza municipios y entidades. Por eso, la respuesta debe organizarse por corredor, con coordinación entre los estados de Guanajuato y Querétaro, y no ciudad por ciudad”, señala el documento.
De los 10 municipios de interés de la región Bajío–Occidente, el estudio destaca que la extorsión se concentra en los nodos de las cadenas productivas, principalmente Celaya, Silao y la ciudad de Querétaro, ciudades que encabezan la lista.
Les siguen Uruapan, centro de la agroexportación de aguacate, y Manzanillo, el principal puerto del Pacífico mexicano, municipios donde se cruzan la producción, el transporte y la exportación.
Mientras tanto, las grandes metrópolis León, Guadalajara y Aguascalientes tienen las tasas más bajas del delito en la zona aunque el propio documento advierte en general que muchas ciudades parecen tener poca extorsión porque no se denuncia.

La tasa del delito en Guanajuato es de 15.05 por cada 100 mil habitantes, la séptima más alta del país, y bajó 10% respecto a 2025.
Dentro del corredor, Irapuato, Salamanca y Celaya tienen las tasas más altas. Entre los municipios que el estudio detalla, Celaya registra 151 víctimas y una tasa de 26.8 por cada 100 mil habitantes; Silao, 46 víctimas y una tasa de 20.5.
Desde 2018, la incidencia del delito en el Bajío-Occidente acumula un repunte del 128%.
Guanajuato forma parte del bloque de las ocho entidades catalogadas por la federación como prioritarias para el combate a este ilícito (junto con el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León, entre otras). Aunque en este bloque prioritario las víctimas bajaron un 13%, en el resto del país aumentaron 30 puntos porcentuales.
Entre las conclusiones más importantes, México Evalúa señala que el problema tiene una geografía precisa pues la mitad de las víctimas se concentra en 42 de los 729 municipios con registros (o el 5.76% de ese total). “No son, en su mayoría, las grandes ciudades ni los polos económicos de cada región, sino ciudades intermedias y periferias metropolitanas que forman corredores, como el eje Irapuato–Salamanca–Celaya, la periferia de Monterrey o el oriente de Morelos. La concentración que los estudios habían observado entre negocios también existe en el territorio. Las cifras nacionales y estatales sólo bajarán si se atiende el problema en esos corredores”, señala.
Fuentes
México Evalúa, «Comportamiento de la extorsión por regiones económicas 2015-2026», con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (víctimas registradas de enero a septiembre de 2026), proyecciones de población de CONAPO, censos económicos y el INEGI.